Según una investigación divulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4 millones de mujeres inducen un aborto en América latina y el Caribe todos los años. De este total, 1,4 millones son brasileñas y una de cada 1.000 muere por causa del aborto debido a que la mayoría de los procedimientos son ilegales, se realizan en la clandestinidad y, frecuentemente, en condiciones peligrosas. Como resultado de este hecho, la región enfrenta un problema serio de salud que amenaza la vida de las mujeres, pone en riesgo su salud reproductiva e impone una severa presión a sistemas de salud y hospitales ya sobrecargados.

La práctica del aborto inducido en América latina todavía se encuentra cubierta por un manto de silencio, debido a sus limitaciones legales. El aborto inducido se encuentra penado por la ley de casi todos los países, con excepción de Cuba y algunas pocas naciones del Caribe. En casi toda la región, los médicos pueden legalmente interrumpir el embarazo que amenace la vida de la mujer, que resulte de una violación o incesto, o que esté caracterizado por una malformación fetal, pero estas opciones raramente son usadas.

Las complicaciones por el aborto inseguro son la principal causa de muerte materna. La falta de información muchas veces lleva a la mujer a realizar un aborto en condiciones de muy alto riesgo.
En primer lugar muchas veces estas mujeres sienten ausencia de apoyo social y psicológico lo que las lleva a tomar una decisión a solas. De esa forma se pierde la oportunidad de desalentar el uso de métodos abortivos ineficaces (asociación de estradiol con progestágenos (Lutogynestryl ®) y de muy alto riesgo (infusiones de yuyos altamente tóxicos).

Ya se demostró que el uso mejorado de anticonceptivos, junto con los servicios de planificación familiar, pueden reducir enormemente los embarazos no programados. Es de esta manera que se deben evitar embarazos no deseados y cuidar la salud de las mujeres.